DERECHO CONSTITUCIONAL. Las críticas a la exclusión de los inmigrantes
irregulares de la sanidad pública no solo llegan de los sanitarios. Los colegios de abogados dudan de que sea constitucional dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares.
El
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se mostró ayer muy
escéptico con la medida. La atención sanitaria es «un derecho universal e
igualitario reconocido por un importante número de tratados
internacionales y recogido en la constitución y en diferentes Estatutos
de Autonomía», advirtió la institución.
Aunque el Ejecutivo tiene la
potestad de modificar las leyes a través de reales decretos, «este
mecanismo no puede modificar estatutos de autonomía por vía urgente»,
añade el Consejo General.
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